El ministerio público afirma que una pena inferior a 50 años "sería injusta"
LORENA ORTEGA| CASTELLÓN
La fiscal encargada del caso del doble asesinato perpetrado en Càlig el 12 de junio de 2005 concluyó ayer que el móvil del crimen "no es sino el económico" y que se trató de una "verdadera ejecución".
El único acusado del doble asesinato, Emilio P. R., habría cobrado 36.500 euros por realizarlo, ya que esta cantidad responde a la los ingresos y compras que efectuó en esa época y que no ha podido justificar durante el juicio.
En concreto, 14.000 euros que ingresó entre dos días y un mes después de los asesinatos, otros 15.000 euros con los que compró (en metálico y en billetes de 500) una finca en Vilafamés y, finalmente 7.500 euros para el vallado del solar. "En total 36.500 euros que es para el acusado lo que valen las vidas de Yalennis Valero y Juan Manuel Mata", dijo ayer la fiscal durante la última sesión del juicio con jurado celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón desde el pasado lunes.
El ministerio público expuso ayer su informe al jurado popular a quienes pidió "un veredicto de culpabilidad para que (Emilio P.) pague por lo que ha hecho y por los años de vida que ha privado a las víctimas". La fiscal mantiene la petición de 50 años de prisión por cada asesinato y manifestó que "cualquier pena inferior sería injusta".
Según dijo, "existe una cantidad tan elevada de datos objetivos y de indicios que determinan que esta persona es autora que no cabe ninguna duda de ello".
Además, se refirió a la declaración que realizó Emilio P. en el primer día de juicio, en la que negó cualquier relación con los hechos y manifestó que se le trataba de implicar en los asesinatos, y afirmó que "su declaración está plagada de contradicciones".
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