Palma/Madrid, 14 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a un total de seis personas, vinculadas a una organización criminal que habría introducido en la Unión Europea al menos a 3.500 ucranianos, dentro de una operación internacional desarrollada en España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia.
Según un comunicado emitido por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, hasta hoy en toda España se han detenido a 14 personas, 8 en Portugal, 6 en Hungría, 1 en Eslovaquia y 2 en Polonia, acusados de delitos contra ciudadanos extranjeros y trata de personas para su explotación sexual y laboral.
En Palma se han practicado dos registros que se suman a los cinco realizados en Gerona, Valencia y Málaga, respectivamente; en Portugal se han realizado un total de nueve y en Italia otro. En todos ellos se han intervenido armas de fuego, seis vehículos y un remolque, más de 16.000 euros en efectivo y ordenadores y teléfonos.
Además de estos 32 detenidos, hay otras 38 personas identificadas a las que se imputan diversas infracciones penales, mientras que otras 33 han sido arrestadas por estancia irregular, 30 de ellas en España y 3 en Portugal.
En el dispositivo han participado más de 200 agentes de la Policía Nacional que se desplazaron a varios países europeos.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre del pasado año cuando la Policía tuvo conocimiento de la existencia de una organización integrada por ucranianos que traficaban desde hacía cuatro años con personas.
El grupo criminal captaba a sus víctimas en Ucrania mediante anuncios en prensa, tarjetas de visita y por el "boca a boca" entre intermediarios, agencias de viajes o empresas de transporte de mercancías y viajeros para trabajar en la UE, especialmente en España y Portugal, en la economía sumergida o ejerciendo la prostitución.
La organización disponía para el traslado de los inmigrantes de una flota de furgonetas y minibuses que eran conducidos por ucranianos con permiso de residencia en España, Portugal y, en menor medida, en Italia y Francia.
La mayor parte de los inmigrantes transportados eran portadores de visados Schengen de corta duración con los que simulaban ser turistas y que eran expedidos por la legaciones diplomáticas de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, a pesar de que no eran éstos sus destinos finales.
En otras ocasiones eran introducidos clandestinamente por la frontera de Eslovaquia mediante camiones de mercancías, en habitáculos previamente habilitados y disimulados entre la carga.
La organización engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que con esos documentos podrían entrar en la Unión Europea y obtener, sin problemas, permisos de trabajo y residencia y, así, les cobraban por el viaje entre 2.500 y 3.000 euros.
Una vez llegados eran alojados en los denominados "pisos-patera", situados principalmente en Milán (Italia) y en Málaga (España).
Para asegurar el cobro de las cantidades estipuladas no dudaban en retenerles los pasaportes y documentos que portaban y, si era necesario, les mantenían encerrados en pisos de los que no podían salir hasta que recibían el dinero.
En la operación han participado Europol y Eurojust, éste ultimo el órgano de coordinación de la cooperación judicial europea que, por primera vez, ha tomado parte en el operativo policial, al que envió a dos miembros para solventar cualquier problema de coordinación entre las autoridades judiciales y fiscales de los diferentes países.
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