Obras de la 'Supersur', «vigiladas por gitanos»

VIZCAYA

AINHOA DE LAS HERAS| BILBAO

Fuentes forales dicen que «'Antonio el gitano' es una empresa registrada»
La Asociación Kale Dor Kayico ve «un ejemplo más de prejuicio social»
Empresas de construcción contratan a grupos de esta etnia en Trapagaran para cuidar el material por las noches y evitar robos

La seguridad privada denuncia que es una «absoluta ilegalidad»
Empresas que trabajan en la construcción de la 'Supersur', la infraestructura más ambiciosa de Vizcaya y en la que se invertirán casi mil millones de euros, llevan meses contratando a un grupo de «gitanos» -así se anuncian- para que vigilen algunas de las obras de la futura autopista en Trapagaran, concretamente en el barrio de Galindo, donde se está levantando un viaducto. En el acceso a uno de los tajos cuelga una lámina de madera de una valla en la que puede leerse un mensaje escrito a mano con un rotulador de tinta verde: 'Obra vigilada x gitanos'. Otros carteles menos rudimentarios, realizados con ordenador, algunos en papel de color fosforescente y con el mismo texto, están repartidos por toda la construcción.
Una mujer perteneciente a esta etnia que trabaja de guarda en la obra confirmó a este periódico que ella, su marido, un hermano y sus primos llevan meses «cuidando obras», y que reciben un sueldo mensual de una UTE (Unión Temporal de Empresas) por vigilar que no se cometan robos por las noches. A los empresarios les compensa pagar este servicio, ya que los continuos robos les suponen pérdidas más cuantiosas.
Hace unos años, por ejemplo, dos jóvenes de Sestao, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos acusados de robo de material y maquinaria en unas obras en el polígono Sangroniz de Sondika. Fueron interceptados en su furgoneta, después de que vendieran el botín en una chatarrería de Erandio.
Fuentes del Departamento de Obras Públicas de la Diputación foral de Vizcaya y la empresa Interbiak, sociedad pública impulsora de la 'Supersur', aseguran que «'Antonio el gitano' es una empresa de seguridad registrada, contratada por la UTE, que tiene hasta su propia caseta de obra».
Para las empresas del sector de la seguridad privada se trata de «intrusismo» y de una práctica «absolutamente ilegal», pero que «no es nueva, ya ha pasado en Madrid, Barcelona, Levante...». Según explica el secretario de organización de la Federación de Servicios de Vizcaya de UGT, José Luis Aparicio, «una empresa de seguridad tiene que estar homologada por el Ministerio de Interior, no se puede contratar a cualquiera. Un vigilante debe pasar un curso y un examen, que en la zona norte se hace en Santander. Para trabajar como vigilante tiene que estar habilitado con un carné». Además, los profesionales llevan un uniforme y, de dotación, grilletes y una porra.
«Extorsiones»
Óscar Vizarraga, vicepresidente de la Asociación gitana Kale Dor Kayico, cree que esta situación representa «un ejemplo más de la falta de oportunidades y del prejuicio que siempre nos persigue; el payo piensa que el gitano es un ladrón y por eso le contrata, no por sus capacidades», protesta. Vizarraga advierte, no obstante, de que el hecho de que «un gitano vigile una obra, no significa nada, no indica que haya mafia...» Se revela contra el hecho de que la sociedad «siempre ve a los gitanos en un contexto negativo» y protesta por que los medios de comunicación ofrecen sólo «noticias negativas» referidas al colectivo que representa.
En Vizcaya el fenómeno acaba de aparecer. En Madrid, la Asociación de Empresarios de la Construcción llegó a denunciar «extorsiones» en junio de 2003. Aseguraban que los constructores que rechazaban esta vigilancia se arriesgaban a sufrir sabotajes o robos esa misma noche. Al día siguiente volvía el aspirante a guarda con la misma oferta, 1.200 euros por proteger la obra. Pilar Heredia, gitana y número 78 en la lista de los socialistas madrileños, argumentó entonces que «los delitos los cometen las empresas al pagar a los gitanos en dinero negro y sin darles de alta en la Seguridad Social».
También se han dado casos en la zona de Levante de vigilantes de uniforme amenazados para que dejen el puesto a los nuevos, extremo que nunca se ha conocido en Vizcaya.