domingo, 29 de junio de 2008

Jueces y Ertzaintza estudian limitar los arrestos por hurtos ante la falta de medios



seguridad CIUDADANA
Jueces y Ertzaintza estudian limitar los arrestos por hurtos ante la falta de medios
Los tribunales están saturados, mientras la Policía asegura recibir «órdenes contradictorias» sobre la conveniencia de realizar detenciones

La Ertzaintza y los jueces han comenzado a estudiar la posibilidad de limitar las detenciones por hurtos ante la saturación a la que se enfrentan los juzgados y la falta de medios de la Ertzaintza para gestionar el volumen de trabajo que se desprende de esta conducta ilícita, la más común en Euskadi. Según se recoge en un acta de la viceconsejería de Seguridad levantada tras un encuentro entre jueces y mandos de la Policía vasca, a la que ha tenido acceso EL CORREO, ambas partes creen que se deben tomar medidas para coordinar su labor y agilizar la aplicación de la ley. En el encuentro, la Policía vasca reconoce está «sobrepasada» en algunas labores y cita como ejemplo la averiguación de los domicilios de personas implicadas en procesos judiciales.
La transcripción recoge una reunión celebrada a principios de mes para analizar la delincuencia en la Margen Izquierda, aunque según las fuentes consultadas la problemática es extensible a todo Euskadi. En el cónclave, jueces y mandos se detienen en el debate de la gestión policial y judicial de los hurtos, el tipo delictivo que se conoce como robo sin violencia, sin fuerza en las cosas o sin que medie intimidación y al que se le podría atribuir por tanto una gravedad relativa.
Cuando el hurto consiste en apoderarse de forma ilegítima de bienes por valor superior a 400 euros, el autor comete un delito. Si la cantidad sustraída es menor, recibe la calificación judicial de falta. Esta forma de delincuencia es la más extendida en el País Vasco. En 2005 se produjeron 53.283 delitos contra la propiedad en Euskadi, el 75% de todos los que se cometieron. De esa cifra, 21.730 fueron hurtos. Según los datos de la Policía vasca, en lo que va de año hay 15.516 delitos y faltas conocidos, de los que 10.467 son, de manera genérica, robos.
En la reunión entre jueces y ertzainas, los agentes pusieron de relieve que «han recibido instrucciones contradictorias a la hora de realizar detenciones» en los casos de hurtos calificados como delitos, al tiempo que creen que es necesario discutir si se deben «practicar arrestos» cuando son faltas en las que se hallen involucradas inmigrantes 'sin papeles'.
En el primero de los casos, los jueces recomendaron a la Ertzaintza que sea la Policía Judicial la que determine en cada caso si se debe abrir o no un proceso ante los tribunales, siempre después de la detención. En el caso de los robos llevados a cabos por delincuentes 'sin papeles', los jueces piden que los ertzainas sólo los pongan a su disposición «si la persona detenida no porta ningún documento y no da razón de domicilio alguno, o bien cuando sus documentos parezcan falsos». Salvo que concurran estas circunstancias, a los detenidos por hurtos se les dejará libres a la espera de que un juzgado marque la fecha de la vista.
El debate parece surgir a raíz de la excesiva acumulación de casos en los juzgados, que está causando retrasos en la tramitación judicial y montañas de expedientes por abordar. En este contexto se producen también situaciones como la registrada el pasado mes de marzo en Rentería, donde un joven fue detenido dos veces en menos de 24 horas por cometer primero un robo en una tienda de deportes -por lo que fue detenido- y agredir después a un hombre al haber sido puesto en libertad casi de forma inmediata. En Forua, a finales del año pasado, un joven fue detenido dos veces en tres horas por un robo y por conducir bajo los efectos del alcohol.
La reunión entre los mandos policiales y los representantes de la Justicia fue también una sesión de intercambio de pareceres sobre el quehacer de unos y otros. Los magistrados, en este sentido, reprocharon a la Policía vasca que cada vez que detiene a una persona con una orden de ingreso en prisión se le traslade al Juzgado de Guardia en lugar de llevarle de forma automática al centro penitenciario, con lo que ello conlleva de incremento de burocracia y de saturación de la maquinaria judicial. Los mandos de la Ertzaintza respondieron que ése es el protocolo que se les ha marcado desde la consejería de Interior y que han de cumplirlo.
Plan de calidad
Esta práctica cuestionada por los jueces es una consecuencia de los planes de calidad que el departamento de Javier Balza ha puesto en marcha y que está generando un elevado número de quejas y circunstancias problemáticas. Uno de los casos más paradigmáticos de esta política se produjo en 2001, cuando un delincuente violento se escapó de la comisaría de Bilbao. Las normas de la Ertzaintza no permitían mantener a más de un arrestado en las celdas y, para respetar el reglamento, los agentes encerraron al sospechoso en un lavabo. El detenido huyó por el falso techo, llegó hasta el garaje y salió de la comisaría en el coche de un mando policial.
Los magistrados también reprochan a la Policía vasca que utilice un sistema informático «rígido y rebuscado» que les obliga a abrir «varias diligencias, algunas de ellas sin sentido, en cada intervención». En este caso, los agentes vuelven a responder que el sistema fijado por la consejería les obliga a realizar ese tipo de gestiones.
En la misma reunión, la Ertzaintza pidió que se resuelvan los problemas respecto a las averiguaciones de domicilios de personas imputadas en procesos judiciales ya que, según sus propias palabras, están «sobrepasados». En 2007, según explicaron los policías vascos, en las dos comisarías de la Margen Izquierda -Muskiz y Sestao- se tramitaron cerca de 4.000 peticiones de este tipo.
La situación de la Ertzaintza ante la acumulación de trabajo se pone de manifiesto también en el punto referido a la propia vigilancia de los detenidos cuando son trasladados a los juzgados. Los mandos piden que se trate de ocupar a las patrullas el menor tiempo posible, dado que ello supone retirarlas de la calle. Según fuentes consultadas, esta queja se debe a la falta de dotaciones con la que la Ertzaintza debe acometer sus tareas de seguridad ciudadana en diversos momentos, que alcanzan su punto álgido los fines de semana.
Los jueces también se refirieron a la necesidad de que la Ertzaintza extreme su celo cuando le corresponde localizar a los agresores en los casos de violencia de género. Los magistrados les recuerdan que, a la hora de conceder protección especial a las víctimas, no debe cesar la búsqueda del acusado hasta la hora de la vista, puesto que es obligatoria su presencia. Si no han conseguido encontrarle, lo deben dejar claro, puesto que si se considera que no ha sido posible localizarle pese a agotar todas las vías sí se podría continuar adelante con la vista. Los responsables de la judicatura se quejan de que la Ertzaintza no cierre este tipo de gestiones y diga que sigue buscando al agresor. En estos casos no se pueden celebrar las vistas programadas.
La preocupación de los jueces en este ámbito no es baladí. El año pasado, los juicios rápidos por violencia de género se redujeron de manera significativa -un 32% en el segundo trimestre de 2007- sobre todo por la falta de medios disponibles. Estos retrasos suponen que trámites que se pueden solventar en semanas se alarguen varios meses.

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