Una nueva plaga ataca a la agricultura valenciana. La oleada de robos de naranjas, de cobre de los pozos de riego, de maquinaria y los destrozos que causan los delincuentes en las explotaciones agrarias han puesto en pie de guerra a las organizaciones agrarias y a la Federación de Municipios y Provincias (FVMP), que exigen al Gobierno más medios para luchar contra esta ola creciente de delincuencia y un endurecimiento del Código Penal, puesto que ahora, la mayor parte de los robos quedan impunes. AVA-ASAJA y La Unió-COAG aseguran que el valor de lo robado a los agricultores valencianos en los doce últimos meses supera los diez millones de euros.
El Ayuntamiento de Alzira sirvió ayer de escenario de la firma de una manifiesto de las organizaciones AVA y La Unió con la FVMP en el que reclaman que se actúe legalmente contra aquellas empresas de zumos de cítricos que compran la fruta sin ningún control sanitario y sin que puedan demostrar su procedencia y trazabilidad, así como contra aquellas chatarrerías que compran material de cobre y otros metales sin que los vendedores puedan demostrar su procedencia legal.
Esta iniciativa ha sido impulsada por el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá.
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, denunció que en las últimas semanas "se ha disparado el robo de naranjas, ahora que el precio en el campo ha subido después de varias campañas desastrosas".
"La situación de inseguridad en el medio rural es dramática", explicó Aguado, pues "crecen los robos de cobre y de maquinaria en instalaciones de riego y en toda clase de explotaciones agrarias, debido a que se ha multiplicado el precio de los metales y a que no hay vigilancia ni medidas coercitivas". Aguado recalcó que hay pozos de riego que han sido asaltados hasta en ocho ocasiones, "con daños que superan los 40.000 euros".
En este sentido, el presidente de AVA exigió a la Delegación del Gobierno que vuelva a convocar el Grupo de Trabajo de Seguridad en el Ámbito Rural, que celebró una única reunión el pasado 29 de enero, y reclamó al Ejecutivo español un endurecimiento del Código Penal, especialmente en el caso de los delincuentes reincidentes. Actualmente, si el valor de lo robado no supera los 300 euros, el Código Penal lo califica sólo como falta, no como delito, y no se tiene en cuenta la reincidencia.
Por su parte, el secretario general de La Unió, Josep Botella, recordó que los pueblos "no finalizan en la última casa del casco urbano, sino que abarcan todos sus términos municipales, también el campo".
Por este motivo, es necesaria la creación de una Unidad de Guardería Rural, integrada en la policía local, que se dedique a la protección del término".
El secretario general de La Unió-COAG apuntó "la necesidad de que la Generalitat aplique el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que recoge la creación de un único Cuerpo de Policía para que ejerza las funciones de protección de personas y bienes, tan necesario para la situación que sufre el campo". Por ello, Josep Botella abogó por la conveniencia de "crear un Cuerpo de Guardería Rural que tenga competencias en todo el ámbito autonómico".
La presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira, se mostró satisfecha con el acuerdo alcanzado a través de este manifiesto y proclamó que "la FVMP no va a escatimar esfuerzos en buscar adhesiones por parte de la Delegación del Gobierno y de los ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana".
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