CORRUPCIÓN
Febrero de 2003: La Asociación de Hosteleros de Bilbao denunció que «dos o tres» trabajadores municipales habían exigido a empresarios pagos clandestinos para agilizar la concesión o mantenimiento de licencias. El Ayuntamiento reconoció entonces que había investigado al menos en dos ocasiones el posible cobro de sobornos por parte de funcionarios. El por entonces concejal de Urbanismo, Ibon Areso, manifestó que esa noticia no le suponía «ninguna sorpresa». Sin embargo, los casos nunca llegaron al juzgado, porque los supuestos afectados no quisieron.
Le amenazó con cerrar el local y su cómplice exigió el pago de 3.000 euros para zanjar el asunto
La investigación sigue abierta y el agente ha sido suspendido
Un juzgado de Bilbao ha imputado a un agente de la Policía local por un presunto delito de extorsión a un hostelero, según ha podido saber EL CORREO. El sujeto habría urdido, con la ayuda de una mujer, una compleja trama para chantajear al propietario de un local de copas, al que reclamó 3.000 euros a cambio de retirar la sanción con que le había amenazado previamente por exceder el aforo del recinto en una madrugada de fin de semana. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más víctimas entre empresarios del sector e, incluso, según diversas fuentes consultadas por este periódico, entre ciudadanos multados por infracciones de tráfico.
Como medida cautelar, el agente, que lleva más de diez años en el cuerpo y tiene el grado equivalente a cabo, ha sido suspendido de empleo y se encuentra actualmente ingresado en una clínica de desintoxicación, ya que tiene problemas con la droga, según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz.
La supuesta extorsión tuvo lugar a mediados del pasado mes de mayo. Sin embargo, la Jefatura de la Policía Municipal no tuvo conocimiento del caso hasta hace sólo dos semanas. Una denuncia anónima dio la voz de alarma y puso a las autoridades tras la pista del sospechoso y su cómplice, contra quien también se han abierto diligencias. «La comunicación aportaba pocos datos, pero, dada la gravedad que parecían revestir los hechos, lo pusimos en conocimiento del juzgado de guardia», informó Maiz.
El magistrado confíó en el propio cuerpo local para investigar el asunto. Según fuentes consultadas por este diario, el 'modus operandi' era el siguiente: el agente imputado se presenta uniformado y con un casco de motorista en el local de copas. Amenaza al hostelero con sancionarle por permitir la entrada de más gente de la autorizada por las dimensiones del negocio, pese a no contar los clientes que había en ese momento en el recinto. Ni siquiera levanta acta, como suele ser habitual en este tipo de infracciones. Dos días después, el empresario coaccionado recibe una llamada en su domicilio supuestamente procedente de la comisaría de Garellano. Al otro lado del hilo telefónico, una voz le anuncia la clausura del establecimiento por un mes. Al afectado, sin embargo, no le llega ninguna notificación escrita.
Pocos días más tarde, una mujer se pone en contacto con él para explicarle que conoce a alguien que le podría ayudar a resolver su problema, si a cambio le entrega una fuerte suma de dinero -alrededor de 3.000 euros-. El pago se debía hacer a través de esta misma persona. Al parecer, la víctima de la extorsión llegó a entregar el dinero exigido.
Con la denuncia anónima encima de la mesa, la unidad de investigación de la Policía Municipal inicia sus pesquisas. Fruto de este trabajo, sus responsables identifican a un sospechoso. El sujeto lleva más de diez años como funcionario y ostenta el puesto de agente primero -equivalente a cabo-. Su actual pareja sentimental es la mujer que ha resultado también imputada, según reconoció Maiz.
Cohecho y malversación
Los agentes encargados del caso consiguen localizar a la víctima del chantaje. Se presentan en su domicilio y le conducen a comisaría para pedirle que arroje más luz sobre los hechos. De la declaración del hostelero nada ha trascendido.
Finalmente, los resultados de la investigación son puestos a disposición del juzgado, que decide imputar al policía local y a su pareja por un delito de extorsión. Según el actual Código Penal, el chantaje se castiga con penas de prisión de uno a cinco años. Sin embargo, al tratarse de un funcionario, esta vulneración de la ley lleva aparejado también los delitos de cohecho y malversación, lo que agravaría la consideración penal de la causa.
El juez, por su parte, continúa instruyendo el caso. Según ha podido saber este diario, en breve llamará a declarar a la víctima. Entretanto, las pesquisas de los agentes locales «siguen abiertas».
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