Los sindicatos de la Ertzaintza consideran un insulto el informe sobre violencia policial

LA PROPUESTA DE AZKARRAGA

Balza guarda silencio mientras Erne y CC OO le piden que defienda a los agentes

Los sindicatos de la Ertzaintza hicieron ayer público su profundo malestar con el informe del Gobierno vasco sobre las víctimas de la violencia policial en el que se vincula a los agentes de todos los cuerpos, incluida la Ertzaintza, con abusos, atentados, muertes en manifestaciones y heridos en cargas policiales. El sindicato mayoritario de la Policía vasca, Erne, reclamó al consejero de Interior, Javier Balza, «una respuesta ante unas acusaciones sin fundamento» o de otra forma se interpretará su postura «como la de quien no es capaz de defender a los ertzainas». Para Comisiones Obreras, el informe «es un insulto» que exige una reacción de Balza «o el consejero engrosará la lista de políticos cobardes e indignos de dirigir la Ertzaintza».
La reacción de los representantes de los ertzainas se produce después de que EL CORREO publicase ayer un desglose del informe sobre presuntas agresiones policiales con motivación política redactado por la dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco y avalado por todo el Ejecutivo autónomo, según aseguró su portavoz. En el documento se reclama un reconocimiento para 109 fallecidos y 583 heridos en todo tipo de incidentes registrados desde los años sesenta, en plena dictadura, hasta la actualidad. El escenario geográfico va desde el País Vasco hasta Navarra, Francia, México o California. En algunos casos, se ha considerado violencia policial situaciones como las de un profesor que se rompió un brazo al tropezarse y caer en una manifestación. También se han incluido denuncias de la izquierda abertzale que, al ser trasladadas ante el juez, se han archivado. El texto incluye nombre y apellidos de un ertzaina que, según la consejería dirigida por Joseba Azkarraga, atacó a un miembro de la izquierda abertzale.
En los casos referidos a la Ertzaintza, el informe pone de relieve la paradoja de un Gobierno que se denuncia a sí mismo. Uno de las denuncias contradictorias es la referida a la carga de la Policía autónoma contra una marcha de Batasuna celebrada en Bilbao el 14 de septiembre de 2002. Los jueces rechazaron las denuncias contra los agentes y el Ejecutivo vasco, con el lehendakari a la cabeza, defendió a la Ertzaintza. «Hicimos lo que había que hacer», dijo Ibarretxe en su día.
Los sindicatos de la Ertzaintza resaltaron estos contrasentidos. A juicio de Erne, las acusaciones, «fundamentadas en criterios políticos y sin ninguna base probatoria», deben tener en cuenta que quien «diseña las políticas de seguridad, las dirige y las ejecuta» es el propio Gobierno vasco. Erne, en este sentido, insistió en que espera una respuesta del consejero Javier Balza. «Si no se produce», advierten, «su silencio será una nueva muestra de la parálisis de Interior, que no es capaz de defender a los agentes». La central mayoritaria insiste en que si se aceptan las denuncias de la consejería de Justicia «las responsabilidades las deberían asumir quienes han dirigido el departamento».
«Silencio cómplice»
CC OO, por su parte, calificó de «insulto» el informe y reclamó a Balza «un mínimo de dignidad» para defender las actuaciones policiales - «como ha hecho en público y en privado»- o «dimita de forma irrevocable». La central recuerda que recientemente la consejería protestó por un informe de Amnistía Internacional que ponía en duda algunas actuaciones de la Policía vasca y comparó esa crítica con «el silencio cómplice y miserable» ante el documento de su propio Gobierno.
Pese a las peticiones de los sindicatos, la consejería se encerró ayer en un absoluto mutismo. A preguntas de los periodistas, los portavoces se limitaron a decir que no harían comentarios.
Este silencio contrasta con la postura mantenida el viernes -cuando se conoció la existencia del informe- por el mismo departamento. Los portavoces de Balza dijeron entonces que Interior hacía suyas las palabras de la directora de atención a la víctimas, Maixabel Lasa, que tachó el documento de «grotesco». Pese a las supuestas diferencias de Balza con el contenido del informe, el martes pasó por el consejo de Gobierno y -como destacó ayer EA- recibió el aval de todo el Gobierno vasco.