miércoles, 7 de enero de 2009

Los espías de la SGAE también se infiltran en autobuses para grabar los vídeos y la música que se reproducen


La Sociedad General de Autores (SGAE) ha centrado su atención en medios de transporte. Cómo ya sucedía con bares y restaurantes, la institución presidida por Teddy Bautista está infiltrando ‘espias’ en autobuses de viajeros para comprobar si cumplen con el canon.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, los detectives privados contratados por la SGAE se hacen pasar por viajeros y graban el funcionamiento de la radio, vídeo o DVD, para facilitar prueba de cara a una posterior reclamación judicial.

Hay que recordar que a finales de este año caduca el convenio suscrito a nivel patronal entre empresarios y las asociaciones de derechos de autor para establecer la cuantía del canon. Con estos procedimientos, los representantes de los autores tratan de demostrar que los autobuses utilizan estos aparatos de manera no legal.

Fenebús, patronal del sector de autobuses, ha confirmado a ECD que la SGAE infiltra ‘espias’ en sus vehículos. De hecho, varios empresarios ya han experimentado esta situación. La patronal asegura que el mero hecho de disponer de sistemas de reproducción de vídeo y música no implica que se reproduzcan.

Esa apreciación es la principal causa de la ruptura entre los empresarios y las asociaciones de derechos de autor, además del intento de éstas para modificar el acuerdo que permitía el pago del canon una vez por autobús y de por vida. Ahora quieren un convenio revisado temporalmente.

El importe que abonaban los transportistas al grupo de sociedades de derechos de autor en 2000 era de 79 euros. El convenio tenía una duración de cinco años, durante los cuales la tarifa iba aumentando. En 2001 eran 511 euros, 632 en 2002, 753 en 2003, 875 en 2004 y 996 euros en 2005.



Representantes de la patronal reconocían a este confidencial –vea aquí la noticia- el pasado agosto que el problema que se le plantea a la patronal es la aparición cada cierto tiempo de otras sociedades de gestión de derechos como DAMA o AFYVE. Estas nuevas entidades, no presentes en el convenio del 2000, envían circulares a las empresas englobadas en la patronal para exigir el pago de nuevas tarifas. Eso ha llevado a elevar el coste de este impuesto hasta los 6.000 euros por autobús en 2008.

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