(PD).- Es el doble rasero que impera en la Justicia española. Por un lado, el caso del juez Ferrín Calamita, que retrasó de forma maliciosa la adopción de una menor solicitada por una lesbiana. Le va a costar dos años de inhabilitación. Por otro lado, el juez Rafael Tirado, que tendrá que pagar 1.500 euros, pese a que retrasó la ejecución de una condena por abusos y propició el asesinato de Mari Luz Cortés.
Con más de dos años de inhabilitación se ha saldado la actuación del Fernando Ferrín Calamita, el juez murciano que retrasó de forma "maliciosa" la adopción de una menor solicitada por una lesbiana. Atentos al adjetivo. Se le trató de procesar por el delito de prevaricación, pero al final se le ha encajado en el concepto de "retardo". Malicioso, pero retardo.
Así, el Tribunal Superior de Murcia ha condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.
El juez Calamita ha tenido la mala suerte de darse de bruces con lo políticamente correcto y , sobre todo, con la nueva ley de matrimonios homosexuales de Zapatero.
Su defensa ha explicado que el retraso "se produce porque el primer informe solicitado por el juez de Familia al equipo psico-social adscrito al juzgado nunca se realizó. Las propias lesbianas reconocieron a El País que nunca fueron evaluadas por los profesionales del equipo".
Nada más conocer el fallo, el equipo de abogados del juez anunció que presentará una querella contra el juez instructor de la causa, Manuel Abadía,
"Por una prevaricación culposa y dos dolosas. Y es que Abadía aceptó la causa a pesar de no apreciar indicio de delito para no contradecir a la Sala. ¿Dónde queda la independencia del instructor? Posteriormente modificó la calificación jurídica sin practicar pruebas adicionales".
EL JUEZ TIRADO, CASI DE ROSITAS
Muy diferente es el caso del juez del "caso de la niña Mari Luz". El CGPJ no se ha atrevido a aplicar una sanción ejemplar que acabe con el corporativismo de la Justicia y el juez Rafael Tirado se irá de rositas. Este órgano ha confirmado la sanción de 1.500 euros descartando la suspensión para el magistrado que retrasó la ejecución de una condena por abusos y propició el asesinato de Mari Luz Cortés.
La decisión del Consejo se ha producido por "amplia mayoría", según ha explicado al término del Pleno la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.
El caso, recordemos, es que Santiago del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Rafael Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la niña Mari Luz Cortés fue asesinada.
Éstas son las dos varas de medir de sus señorías. Una para el juez Tirado y la otra para Calamita.
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